Reforma tributaria: medir antes de cortar

En nuestro ámbito local, la discusión tributaria no parece tener en cuenta este aforismo, considerando las más de diez modificaciones al sistema durante la misma cantidad de años, contando reformas según los ideales del gobierno de turno, contrarreformas, ajustes a aspectos mal reformados, leyes de emergencia, y otras modificaciones.

“El Gobierno reconoció que no tiene cifras oficiales de evasión y elusión tributaria. No se puede esperar enfrentar exitosamente el fenómeno si ni siquiera somos capaces de cuantificarlo”.

Independiente de la valorización técnica que se pueda realizar de lo anterior, no puede discutirse que han acompañado un período de bajo crecimiento de la economía nacional, materia relevante desde hace un par de meses para personeros de Gobierno, que la han incorporado, aunque tímidamente, en la nueva reformulación del pacto fiscal propuesto al país. Este, a su vez, es una reformulación de la reforma tributaria fallida por rechazo de la Cámara este año.

En su formulación actual -y ya aparentemente superada la discusión por la supuesta brecha entre la recaudación nacional y la del promedio de miembros de la OCDE-, el pacto fiscal tiene entre sus principales sustentos la lucha contra la evasión y la elusión, que podría significar, de acuerdo con proyecciones de Hacienda, un aumento de recaudación de 1,5% del PIB.

En este punto surgen varias dudas, pero la primera y quizá más importante es qué evasión y elusión se pretende controlar con una nueva reforma tributaria. En sus presentaciones iniciales al proyecto fallido, Hacienda consignaba tasas de evasión de impuesto a la renta de 7,5%, para luego, y ante la presión de la oposición y grupos especializados, reconocer que esta tasa se encuentra entre 4,4% y 7,5%, dependiendo del estudio considerado. Entre ambos números existe una brecha de 70%, que no da tranquilidad sobre la calibración de las propuestas de dicho proyecto para hacerse cargo de la realidad local de evasión y elusión.

Hace poco, el Gobierno tuvo que reconocer -no de motu proprio, sino a solicitud de la oposición- que no cuenta con cifras oficiales de las tasas de evasión y elusión en Chile. Este reconocimiento debería provocar una pausa en la discusión de cualquier modificación al sistema tributario: no se puede esperar combatir o cortar exitosamente el fenómeno de la evasión y elusión tributaria si ni siquiera somos capaces de cuantificarlo o medirlo.

En este escenario, lo único lógico parece esperar a tener un diagnóstico común sobre el problema, con total transparencia sobre las metodologías utilizadas, antes de discutir medidas para combatirlo. De lo contrario, arriesgamos que la actual discusión tributaria redunde en una reforma, en el mejor de los casos, igual de estéril que las de los últimos diez años.